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El gobierno de China acaba de implementar una de las regulaciones más estrictas del mundo contra la desinformación digital: desde octubre de 2025, los influencers y creadores de contenido que publiquen sobre temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán acreditar formación académica o certificaciones oficiales en esas áreas.
La medida, impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), redefine los límites entre la divulgación digital y la comunicación profesional, al establecer que solo quienes estén afiliados a instituciones médicas, educativas o de investigación podrán generar contenidos “profesionales o especializados”.
Las principales plataformas del país (como Weibo, Douyin o Bilibili) deberán verificar las credenciales de los usuarios y bloquear las publicaciones de cuentas no certificadas. Los nuevos perfiles no podrán publicar sin aprobación previa, mientras que los ya existentes tendrán dos meses para completar el proceso de validación.
El objetivo, según la CAC, es “proteger al público de información falsa o engañosa” en un ecosistema donde proliferaron consejos financieros, médicos o jurídicos presentados por falsos expertos. En los últimos años, China enfrentó un incremento de rumores virales sobre salud, economía y política, impulsados por algoritmos que priorizan la viralidad antes que la precisión.
El nuevo reglamento exige que los contenidos educativos o científicos citen fuentes verificables y aclaren si incluyen material generado por inteligencia artificial o dramatizaciones. Las plataformas deberán advertir a los usuarios sobre su responsabilidad legal y científica, estableciendo una especie de “contrato digital” entre creadores y audiencia.
De esta forma, el Estado chino busca no solo limitar la desinformación, sino también institucionalizar la figura del divulgador digital, integrándola a su sistema de control y credibilidad pública.
La CAC también prohibió la publicidad de productos o servicios médicos, incluidos suplementos, alimentos saludables o consultas en línea, y ordenó eliminar perfiles falsos que suplanten a profesionales o mezclen educación con marketing encubierto.
Además, los algoritmos deberán detectar y bloquear contenidos sexualizados presentados como educación o salud, una práctica que el gobierno considera contraria a la “moral pública” y al “orden informativo”.
Más allá del control político, la medida abre un debate global sobre la responsabilidad educativa en la era de los creadores. China se convierte así en el primer país que exige títulos universitarios para informar en redes sociales, planteando una equivalencia inédita entre formación académica y derecho a comunicar.
Para los analistas, la iniciativa podría anticipar un nuevo paradigma: el paso del influencer espontáneo al experto certificado, un modelo que tal vez empiece a replicarse en otros países ante el avance de la desinformación científica y sanitaria.
Con información de Economis.
